Desde 2019, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio para circular en carreteras federales. Para 2025, ya son 25 entidades federativas las que exigen este requisito, entre ellas: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Las sanciones varían según la entidad, pero pueden incluir la imposibilidad de realizar trámites como el pago de tenencia o el refrendo de placas. En algunos estados, las motocicletas incluso pueden ser remitidas al corralón. Pese a estas medidas, alrededor del 90% de las motocicletas en el país circulan sin ningún tipo de cobertura, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
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“La falta de seguro expone a este sector a una doble vulnerabilidad: económica y de salud pública. Después de un accidente vial, sin cobertura, el conductor debe asumir con sus propios ahorros tanto los gastos médicos, pérdida o reparación de la moto; así como los daños ocasionados a terceros, generando en muchos casos una deuda impagable”, advirtió González.
La directora del SIMM subrayó la urgencia de mejorar los canales de comunicación y acercamiento, “puede haber oferta, pero es poco conocida. Es indispensable simplificar trámites y diseñar pólizas más atractivas, adaptadas a las condiciones económicas y los riesgos específicos de cada región.”
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Finalmente, hizo un llamado para que autoridades, aseguradoras y actores del motociclismo, desarrollen soluciones integrales, justas y funcionales. “El seguro es necesario, pero hace falta acercarlo a quienes hoy enfrentan el camino sin protección, ya sea por desconocimiento o por falta de recursos y más para aquellas personas que ocupan la motocicleta como fuente de empleo y que ganan menos del salario mínimo”.